La iniciativa, presentada por los diputados del FPCyS-PS, Lamberto y Bertero, formula políticas tendientes a la protección de usuarios y consumidores en todo el territorio provincial.
La provincia mantiene una vieja deuda con los usuarios santafesinos, si bien rige la ley nacional 24.240, hasta la fecha no existe regulación local.
La Ley establece que "el Gobierno de la Provincia debe formular políticas tendientes a la protección de los consumidores y usuarios y establecer la infraestructura adecuada para aplicarlas en todos los sectores de la población".
Entre las disposiciones sobresalientes, se crean los Tribunales Arbitrales Administrativos del Consumidor para conocer en las reclamaciones de usuarios y consumidores, reconociendo legitimación para accionar a las asociaciones de consumidores reconocidas conforme a la ley.
Para esto, el Ejecutivo provincial deberá designar una autoridad de aplicación, pudiendo ser esta la Dirección General de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de la Producción.
Pero además, se delegan las facultades de ejercicio del control y vigilancia de las disposiciones de la Ley Nacional N° 24240 en los Municipios que en forma expresa adhieran a las disposiciones de la normativa provincial.
Lamberto destacó que el objetivo que se persigue es el de "garantizar el derecho a la protección de la salud, de la seguridad y de los intereses económicos de los consumidores, el acceso a información adecuada y veraz, la libertad de elección, el trato digno y equitativo, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, educación para el consumo, y el establecimiento de procedimientos para la prevención y solución de conflictos".
La provincia mantiene una vieja deuda con los usuarios santafesinos, si bien rige la ley nacional 24.240, hasta la fecha no existe regulación local.
La Ley establece que "el Gobierno de la Provincia debe formular políticas tendientes a la protección de los consumidores y usuarios y establecer la infraestructura adecuada para aplicarlas en todos los sectores de la población".
Entre las disposiciones sobresalientes, se crean los Tribunales Arbitrales Administrativos del Consumidor para conocer en las reclamaciones de usuarios y consumidores, reconociendo legitimación para accionar a las asociaciones de consumidores reconocidas conforme a la ley.
Para esto, el Ejecutivo provincial deberá designar una autoridad de aplicación, pudiendo ser esta la Dirección General de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de la Producción.
Pero además, se delegan las facultades de ejercicio del control y vigilancia de las disposiciones de la Ley Nacional N° 24240 en los Municipios que en forma expresa adhieran a las disposiciones de la normativa provincial.
Lamberto destacó que el objetivo que se persigue es el de "garantizar el derecho a la protección de la salud, de la seguridad y de los intereses económicos de los consumidores, el acceso a información adecuada y veraz, la libertad de elección, el trato digno y equitativo, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, educación para el consumo, y el establecimiento de procedimientos para la prevención y solución de conflictos".
